La evaluación preoperatoria en México desde el punto de vista jurídico

Resumen

Introducción: La evaluación preoperatoria consiste en una evaluación integral del paciente programado para cirugía, la cual comprende desde la estratificación del riesgo quirúrgico hasta la implementación de medidas que permitan reducir la incidencia de complicaciones postoperatorias y la mortalidad.1 La relevancia clínica de dicha evaluación para la seguridad del paciente está ampliamente documentada; no obstante, el cumplimiento del marco normativo es igualmente esencial. Este proceso define los parámetros jurídicos que el personal de salud debe constatar para establecer controles ante los riesgos relacionados con el procedimiento quirúrgico y mitigarlos en lo posible mediante la aplicación de controles adecuados. Objetivo: Se analizó la correlación entre las Normas Oficiales Mexicanas y la Guía de Práctica Clínica (GPC) aplicables a la evaluación preoperatoria en adultos, con el fin de identificar criterios de conformidad regulatoria en la práctica médica. Método: Se realizó una revisión narrativa de la normativa legal vigente y la literatura relevante en México. Es importante aclarar que la estrategia de la herramienta de cotejo presentada en este manuscrito corresponde a una propuesta preliminar de carácter teórico, desarrollada ante la ausencia de una herramienta de cotejo en la literatura médico-jurídica nacional para la evaluación preoperatoria del adulto. La herramienta diseñada no se encuentra validada mediante procesos de consenso formal al momento de su realización y tampoco constituye un instrumento estandarizado, por lo que su aplicación debe considerarse como un ejercicio de correlación normativa sujeto al criterio profesional. El presente instrumento representa un modelo inicial cuya utilidad práctica y seguridad clínica son susceptibles de validación, ajuste y estandarización en etapas de investigación futuras. El análisis está limitado a la integración cualitativa de las Normas Oficiales Mexicanas NOM-004-SSA3-2012, NOM-026SSA3-2012, NOM-006-SSA3-2011 y la Guía de Práctica Clínica IMSS 455-11, enfocándose exclusivamente en la población adulta. Conclusión: Emplear una herramienta de cotejo y correlación médico–jurídica que permita cotejar de manera sintetizada las formalidades de la evaluación preoperatoria, permitiría que el personal de salud se cerciore de manera simplificada de estar cumpliendo con la reglamentación jurídica nacional vigente en el campo de su competencia profesional.